La ley se aplica a los organismos estatales y las autoridades gubernamentales locales, las instituciones estatales, las empresas unitarias estatales, los fondos fiduciarios estatales y las sociedades anónimas con una participación estatal del 50% o más en el capital social. 

El documento establece conceptos clave como «empleado del organismo estatal u otra organización», «conflictos de intereses», divisiones especiales para resolver conflictos de intereses, «intereses personales» y «parientes cercanos».

Los siguientes individuos son reconocidos como personas relacionadas con un empleado de un organismo estatal u otra organización:

- Parientes cercanos de un empleado que trabaje para el organismo estatal u otra organización;
- Una entidad jurídica en la que el empleado del organismo estatal u otra organización y/o sus parientes cercanos posean acciones o participaciones en el capital social;
- Una organización jurídica en la que el empleado del organismo público u otra organización o sus parientes cercanos sean directores o miembros de la dirección. 

Según la ley, la Agencia de Lucha contra la Corrupción está designada como organismo estatal especialmente autorizado para regular las relaciones relacionadas con los conflictos de intereses.

El respeto de la ley por parte de un empleado de un organismo estatal u otra organización es supervisado por una Comisión de Ética establecida en el seno de dicho organismo estatal u organización.

 La ley entrará en vigor seis meses después de su publicación oficial.